PRONUNCIAMIENTO DEL PUEBLO BAUTISTA CON RELACIÓN A LA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE GREGORY PÉREZ

El miércoles, 23 de enero de 2019, Gregory Pérez, secretario ejecutivo de la Unión Nacional Bautista de Jóvenes, en su ciudad, San Felipe, Estado Yaracuy, se encontraba en un centro de comunicaciones para enviar correos de su trabajo y otros particulares. Súbitamente, se vio envuelto en una masa de gente que participaba de una marcha y estaba siendo reprimida por fuerzas policiales. Debido a la tensión, los dueños del local pidieron a los usuarios salir de inmediato, entre ellos Gregory. Por esa razón, corrió para resguardarse en una casa del sector, pero de allí lo sacaron arbitrariamente los uniformados y lo llevaron detenido a la Comandancia General de la Policía del Estado.

Gregory Pérez quedó detenido los días 24 y 25 para presentación ante el Ministerio Público. El domingo 27 fue llevado a audiencia y en la noche quedó privado de libertad hasta que Fiscalía presente las pruebas de los delitos con los que, presuntamente, incriminan a más de 70 personas: asociación para delinquir, terrorismo, uso de artefactos explosivos, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad. En esta fase preliminar, la abogada Yaneira Darlin Díaz, una hermana en la fe, es quien lleva su caso y por quien hemos venido orando. A la luz del caso que injustamente incrimina a Gregory Pérez y otros asuntos que circulan ya entre la opinión pública, nos pronunciamos en los siguientes términos:

Primero, dejamos constancia de que conocemos a Gregory Pérez y damos fe de su buena reputación como hijo, profesional, miembro de iglesia, funcionario de la Convención Nacional Bautista de Venezuela y ciudadano. Nuestro hermano en la fe no es ningún delincuente ni terrorista, ni siquiera participaba de la manifestación que se llevaba a cabo el referido día. En nombre de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, la Unión Bautista Latinoamericana y la Alianza Mundial Bautista, solicitamos el respeto de sus derechos ciudadanos y el resguardo de su integridad física y emocional. Exigimos, además, el respeto al debido proceso que devenga en su inmediata liberación. Lo mismo solicitamos a favor de las 31 personas que, en circunstancias similares, ingresaron con nuestro hermano Pérez.

Segundo, consideramos oportuno recordar algunos de los derechos que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 53, respecto a los derechos civiles, dice: “Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley”. De los derechos políticos, en su artículo 62, reza: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”. Y en el artículo 68, del derecho a la manifestación pacífica, establece: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. En tal sentido, pedimos respeto a la manifestación ciudadana pacífica y democrática.

Tercero, pedimos a las autoridades competentes den a conocer el estado de los niños y adolescentes que se presumen privados de libertad, presuntamente, por participar de manifestaciones públicas. De corroborarse, exigimos el respeto de todas sus garantías como sujetos de derecho en nuestra nación y su inmediata liberación.

“La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo” (Prov. 14:34, NTV).

Eleazar Bermúdez
PRESIDENTE DE LA (CNBV)
Manuel Sangronis
DIRECTOR GENERAL
Elier Romero
DIRECTOR ASOCIADO

COMITÉ ADMINISTRATIVO:
Jhonathan Briceño
Carleguis Ríos
Alexander Montero
Alain Pirona

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